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Abogado Euclides Quevedo |
“Se avecina una batalla constitucional que se decidirá en el Poder Judicial de la república, rama del Poder Público que garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por ser el máximo y último intérprete de la Constitución y vela por su uniforme interpretación y aplicación en todo cuanto los opositores políticos se atrevan a proponer en contra de los valores, principios y normas que rigen el texto constitucional y su desarrollo legislativo bajo su amparo”, opina el abogado constitucionalista del Psuv Euclides Quevedo Abril.
“A grandes males, grandes remedios, decía Hipócrates; y es precisamente eso, soluciones a la altura de la dimensión del problema político venezolano, ahora camino a una batalla jurídico-constitucional, a pesar de los distractores políticos de la contrarrevolución y sus provocaciones en la que no se debe caer, como los disparates contra la legalidad democrática, por cuanto son sólo una mera declaración de intenciones, que no podrán concretar”, expresa
Sostiene el coordinador político e ideológico del frente de abogados del Psuv que: “Una declaración del Parlamento por sí sola no produce efectos materiales, expresa un deseo, una voluntad, pero para materializarse sería el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno bolivariano, el que tiene el mando y la conducción constitucional, por ser un régimen presidencialista y no parlamentario”.
“Como bien lo alertó Noam Chomsky en Roma, ‘hay un esfuerzo sistemático para destruir el Estado social, que ha sido quizás la mayor contribución de Europa a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial’, y no hay duda que en Latinoamérica se está dando con mayor fuerza y le tocó el turno a Venezuela”, expuso.
“Ese Estado social que está previsto en la cláusula de impretermitible cumplimiento como orden y mandato en el artículo 2º constitucional, no será tan fácil su desactivación, porque está inserto en los principios fundamentales de la Constitución Bolivariana que se transversalizan a lo largo de sus 350 artículos de su estructura”, destacó Quevedo Abril.
De allí que considera el jurista que: “La contrarrevolución debe sopesar muy bien su ejercicio, so pena de inocular mayor frustración a sus seguidores que fueron engañados al creer que el parlamento puede ejecutar políticas públicas plasmadas en leyes vigentes o que las puede barrer del andamiaje constitucional de un solo plumazo”.
«Un ataque contra todo el sistema jurídico vigente en el que la propia legalidad democrática está inserta, supone la activación de todos los mecanismos y recursos constitucionales y legales que el Estado de derecho proporciona para proteger al pueblo”, sentencia. (LZ)
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Publicado el Martes 15 diciembre, 2015
Diario de la Nación. Página Política.
