sábado, 8 de julio de 2017


Euclides Quevedo
Constitucionalista


A juicio del abogado constitucionalista del PSUV, Euclides Quevedo, “con el llamado del 16 de julio, un sector radical de la derecha aspira continuar desencadenando la violencia y el desconocimiento de las autoridades del Estado, en algunos focos bien determinados de municipios regidos por autoridades opositoras, y eso no es más que subvertir el orden constitucional”.

—El pretendido hecho al margen de la Constitución Bolivariana que propicia el ala más radical, la facción liberal y contrarrevolucionaria de la oposición política venezolana, y que denomina plebiscito o consulta, no solo es un engaño más al grupúsculo de seguidores a los que han inoculado el odio y la desesperación, sino que está propiciando la alteración del orden constitucional, el estamento jurídico y el Estado constitucional de derecho que rige la sociedad venezolana— esbozó el jurista.

A su parecer, “nos encontramos ante la anómala situación de alzamiento contra el Estado constitucional encubierta, ejecutada mediante un fraude a la Constitución Bolivariana y pretenden quebrar frontalmente la constitucionalidad por un poder constituido como es la Asamblea Nacional en desobediencia, en desacato, donde todos sus actos son inválidos y carentes de toda eficacia jurídica, pero que además ignora la existencia de un poder originario, el poder constituyente único y soberano, y como único y legítimo para acometer una operación jurídico-política para alcanzar la convivencia social, la tranquilidad y la paz de la nación venezolana”.

“Y este dislate político, insistió, equivale en la práctica a una subversión del orden constitucional, es pretender auspiciar una quiebra del Estado constitucional, nacido de aquel pacto histórico promovido por el presidente Hugo Chávez en 1999, que no es más que la norma suprema vigente”.

Por lo tanto, consideró Quevedo que: “Como en otros momentos de la convulsa historia de nuestra República, esta subversión del orden constitucional, sin mandato constitucional y sin consentimiento del pueblo, que es el único soberano, carece de toda legitimidad necesaria para su pacífica vigencia, y quienes propician esa pretendida ruptura del orden constitucional, tarde o temprano deberán asumir las responsabilidades políticas y jurídicas a que haya lugar”. (Leidy Zafra)