Regional - 5 mayo, 2012 | 12:00 AM. LA NACION
“La Constitución Bolivariana contiene una disposición no muy bien estudiada por los políticos de oficio y los juristas liberales de ultraderecha, y es la disposición que establece: “todo el ordenamiento jurídico del país, incluyendo las convenciones internacionales, quedan efectivamente derogados en todo lo que contradiga los fines esenciales, principios fundamentales, valores superiores y autodeterminación nacional de la República”, expresó el abogado Euclides Quevedo Abril, vocero político e ideológico del Frente de Abogados del Psuv-Táchira.
Explicó Quevedo que “el sistema de Derechos Humanos de la godarria interamericana, por mucho nombre rimbombante que tenga, no puede estar emitiendo órdenes directas a órganos del Poder Público venezolano, como la Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral, usurpando funciones cual si fuera una potencia colonial y pretendiendo imponer a un país soberano e independiente criterios políticos e ideológicos absolutamente incompatibles con nuestro sistema constitucional”.
Según el jurista, la Corte Interamericana no puede estar por encima del Tribunal Supremo de Justicia de la República, porque según el artículo 7 de la Carta Magna, “no existe órgano jurisdiccional alguno que obligue la ejecución de los fallos de tribunales supranacionales que menoscaban la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República, una corte que persiste en desviar la teleología de la Convención Americana y sus propias competencias, que privilegia los derechos individuales a ultranza, en detrimentos del bien colectivo y comunitario, no tiene cabida en la nueva institucionalidad venezolana”, afirmó.
— Ese sistema interamericano de Derechos Humanos está desfasado de los avances extraordinarios de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ya que sólo le da cabida al modelo de la democracia liberal burgués, que desconoce a ex profeso la democracia participativa y protagónica, y que solo contempla un tipo de Estado que construye instituciones en torno al individuo y, además, desconoce abiertamente el Estado democrático y social de derecho y de justicia, como norma suprema que dignifica el ser humano y le garantiza los verdaderos derechos humanos, como la que nos dimos los venezolanos en 1999—, apuntó el abogado Euclides Quevedo. (LZ)
