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En opinión de Euclides Quevedo Abril, catedrático y miembro del Frente de Abogados del Psuv, “cuando se presenta una situación de guerra económica, como la actual, se trata de una emergencia nacional que va más allá de la corrupción política y administrativa; con una economía subordinada y controlada por cleptómanos, quienes disponen de la riqueza a su antojo y están dedicados a enriquecerse, ignorando los problemas sociales y económicos que aquejan a la población, se crea un estado de descomposición social generalizado para evitar o burlar la institucionalidad, organizada la ilegalidad en una marcha sin control, nadie puede negar esto, por eso es necesario respaldar la habilitante que propone el Presidente”.
Sostuvo Quevedo Abril que: “Esa emergencia nacional exige de decisiones con rapidez, a la que el procedimiento legislativo propio del Parlamento no responde con la celeridad necesaria, cuando se requiere más eficiencia y rapidez en la ejecución de los actos de gobierno, con un instrumento ágil para la toma de decisiones, hacer efectivas las acciones urgentes y necesarias en bien de la salud pública y el orden social necesario”.
Recordó el jurista que: “El empoderamiento especial, como la ampliación del poder a la autoridad presidencial, es una figura jurídica que la prevén todas las Constituciones del mundo, y más aún en Venezuela, donde existe un régimen presidencialista, porque si la Asamblea Nacional representa al pueblo, el Presidente de la República lo “encarna”, mientras el parlamento es elegido por los partidos políticos, sólo por determinadas parcelas regionales de la población, el Presidente es elegido por toda la nación”.
— En un estado social de derecho, como el previsto en la Constitución Bolivariana, quien lleva la conducción del país, pero además, como jefe de Estado, es quien sabe hacia dónde se dirige o debe dirigir la acción de gobierno; pero además, al perder vigencia la separación de poderes por mandato constitucional, esa relación Legislativo-Ejecutivo se da como colaboración mutua, armónica, entre las ramas del poder público, para darle a jefe de Estado un medio legislativo ágil y apropiado que permita la acción de gobierno en la emergencia nacional que padecemos, no solo por la corrupción política, sino además por la especulación, el acaparamiento y, ahora, el turismo para raspar tarjetas de crédito en el exterior, que también es una forma de descomposición social y de corrupción generalizada—argumentó.
(LZ)
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